Las todavía recientes tensiones entre Venezuela y Colombia dan prueba de sobra de lo que habría sido si nuestro cuerpo diplomático —o el de nuestro vecino en el país— si no hubiese estado protegido por la legislación internacional. Sin embargo, como todas las demás, esta legislación tiene sus usos y también sus abusos. No está pensada, por ejemplo, para que diplomáticos o consulares, tras cometer infracciones de tránsito, atropellen a civiles. Mucho menos para que, impasibles, se resguarden en sus autos y escoltas en lugar de auxiliar a la víctima. Ni tampoco para que —agravando el cinismo de la situación— envíen, en compensación, flores a la clínica.

Sin embargo, hace dos años, esto fue lo que sucedió con Clifford Neal, funcionario de la Embajada de EE.UU., tras atropellar a María Stella de la Ossa, colombiana que, tras múltiples cirugías, todavía hoy padece complicaciones del accidente. “¿A quién acudo ahora? ¿A la corte celestial?”, se preguntó el esposo de la víctima en una entrevista concedida a El Espectador, días después de que, en diciembre pasado, la Sala Civil de la Corte Suprema dictaminara que el caso del accidente no se ajustaba a las excepciones para iniciar un proceso judicial contra diplomáticos. Y es verdad que no lo hace. Pero también es cierto que nunca se debió llegar a tener que demandar a la embajada estadounidense: ésta debió o bien presentar el caso ante sus propios tribunales, o bien levantar la inmunidad diplomática del funcionario. Antes que en la legislación mundial, es en estas iniciativas de responsabilidad —humana, si se quiere— que se basa la confianza entre naciones. Es una vergüenza que la inmunidad se traduzca en impunidad de manera tan cándida.

Ofende también la pesadilla que sufren algunos de nuestros ciudadanos al ser injustamente incluidos en la llamada Lista Clinton. Esta lista, emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, relaciona a todas las personas o entidades del mundo con las cuales ese país prohíbe internamente cualquier negociación por su sospechada vinculación con el narcotráfico. En Colombia tal política no tiene efecto jurídico alguno, pero, como sucede siempre con las políticas de las potencias mundiales, éstas terminan rebasando su territorio en la práctica. En Colombia, estar en la lista significa morir civilmente: ni un trabajo, ni un crédito, ni tan siquiera una tarjeta de ahorros le son ofrecidos a las personas allí relacionadas por el miedo —bien fundado— de todos los demás a terminar también listados.

En estos días, el reconocido abogado Carlos Gamboa fue excluido de la lista tras lo que con razón ha descrito como los dos años más amargos de su vida. Entre las injusticias más sonadas estuvo en su momento la inclusión de la familia Mor Dale. Pero así como están los más sonados, también están los menos visibles, como el de Tito Cartagena, bodeguero de Drogas La Rebaja, o de María Isabel Merchant, la mujer que ayudaba a lavar los pocillos de los tintos. ¿Cómo se van a defender ellos? ¿Acaso es fácil? ¿Acaso es barato? No es menor el peso para las personas que terminan en la lista por negligencia de los funcionarios estadounidenses. Ni tampoco es menor el hecho de que, desde 1995, de todas las personas e instituciones del mundo removidas de la lista por no merecer estar allí, el 83% han sido colombianas. Nuestra diplomacia tiene, sin duda, una labor pendiente: una cosa es que las potencias sean potencias, y otra, muy diferente, que nosotros permitamos, sin siquiera patalear, tales atropellos.