Los factores más significativos de la evidente crisis que afecta hoy a la institucionalidad judicial de nuestro país, son para Vallejo Mejía: "la justicia ideologizada, la justicia politizada, la justicia sin controles y, entre signos de interrogación, la justicia corrompida".

"La cuestión de las ideologías en el mundo jurídico es compleja y abre no pocos espacios de discusión. Cuando los jueces actúan conforme a los criterios ideológicos, generalmente aceptados en la sociedad, sus providencias suelen acogerse espontáneamente. Pero si las orientaciones que adoptan reflejan apenas puntos de vista minoritarios y, además, pretenden imponerlas a todo trance por medio de sus providencias, resulta obvio que se presten a agrias discusiones en el seno de las comunidades. Así ha sucedido con fallos como los de la legalización de la dosis personal, la eutanasia, el aborto o las uniones homosexuales, en los que la Corte Constitucional ha resuelto por sí y ante sí introducir modificaciones sustanciales y de extrema gravedad que pugnan con los sentimientos morales de gran parte de la comunidad".

"La suplantación de la normatividad jurídica por la ideología facilita la politización de la administración de justicia. En efecto, de las adhesiones ideológicas a las adhesiones políticas hay un solo paso y la tentación para darlo está siempre presente cuando no median controles adecuados sobre la conducta de los jueces y las decisiones que adoptan".

Como ejemplos de esta politización cita Vallejo la decisión de la Corte Constitucional para impedir la segunda reelección de Uribe Vélez, así como la elección bochornosa de la Fiscal General de la Nación, señora Vivian Morales, activista del samperismo y casada con un personaje tan discutible como Carlos Alonso Lucio. En ambos casos se perciben sentimientos de animadversión en la Corte contra el gobierno anterior. "No sin razones, sus medidas en los casos de Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo han sido interpretadas como actos de persecución contra el uribismo".

"Pero la muestra más contundente de politización de la justicia la acaba de dar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel Plazas Vega, medida a la que el calificativo más suave que puede endilgárseles es el de pavorosa". "Esta sentencia muestra algo muy inquietante, como es la toma de la justicia penal por la izquierda que avasalló las universidades a partir de la década de los sesenta en el siglo pasado".

Otro tema de fondo, falla en buena parte de la Carta del 91. "Nuestra separación de poderes exhibe notorios desbalances que dan pie a que se ponga en duda su efectividad. Y esos desbalances se inclinan notoriamente del lado de la rama judicial, que tiene poderes respecto de la legislativa y la ejecutiva que no se compensan adecuadamente". "De hecho, las altas cortes tiene garantizada la impunidad y es por ello que la tendencia a la dictadura judicial se ha acrecentado entre nosotros".

"Los síntomas de corrupción son alarmantes". Los nexos de algunos magistrados con el mafioso de Georgio Sale. El millón de dólares para la hermana de un exmagistrado por sus gestiones para impedir la extradición, o el "carrusel de jubilaciones" del Consejo Superior de la Judicatura.

Y concluye Vallejo Mejía: "Muchos hablan de que la única solución sería la convocatoria de una asamblea constituyente, pero en mi opinión personal ese remedio es muy discutible, habida consideración de lo que sucedió en 1991". "En rigor, la justicia es apenas el reflejo del deterioro moral de la sociedad colombiana, que parece más unida por una red de complicidades que por un tejido de solidaridades". "De qué sirven las vanas leyes si las costumbres fallan".