En Argentina se elaboró un informe que daba cuenta de la verdad de los hechos que horrorizaron a su sociedad durante la dictadura. Lo mismo ocurrió en Guatemala y Perú, así como en Chile, donde fueron dos los documentos publicados.

En Colombia, quizá por la particularidad de la violencia que se sufre, entre otros motivos, por las décadas de conflicto, no ha sido uno ni dos, sino once los informes que se han producido para reconstruir los horrores del pasado.

El Grupo de Memoria Histórica encargado de la investigación y redacción de los informes, ha elegido una metodología que, en comparación con las de otros países como los mencionados, resulta bastante innovadora. No ha hecho un solo desarrollo histórico de la guerra, sino que lo ha dividido por casos ‘hito’, recurriendo, con mayor frecuencia, a la narración de las masacres más representativas de la historia del paramilitarismo en Colombia.

Trujillo, Bojayá, La Rochela, El Salado, Bahía Portete, Remedios y Segovia, y San Carlos han sido los escenarios elegidos hasta el momento. A ellos se suman, las investigaciones sobre la Comuna 13 de Medellín, el despojo de las tierras en la Costa Caribe, y, más recientemente, informes sobre las mujeres en el conflicto: “Mujeres que hacen historia” y “Mujeres y guerra”.

En este último se presenta un estudio elaborado en el departamento del Magdalena. En específico, el documento se ocupa de la incursión paramilitar que en esa zona tuvo como métodos de guerra desfiles o “reinados de belleza” organizados por los comandantes paramilitares obligando a niñas y jóvenes a participar en ellos; mujeres rapadas como castigo o venganza, obligadas a permanecer desnudas durante semanas en habitaciones a merced de los miembros del grupo paramilitar; menores de edad sometidas a trabajos domésticos, a ejercer la prostitución y ser esclavas sexuales de los paramilitares, son algunos de los medios de los cuales se valieron esos grupos para ejercer su dominio en la región.

El trabajo del Grupo de Memoria ha sido muy significativo. La forma elegida ha privilegiado acertadamente el testimonio de las víctimas, de manera que ha equilibrado la situación, respecto de la crítica que se ha hecho al proceso de paz, donde los escenarios judiciales se han concentrado, primordialmente, en recibir las confesiones de los victimarios desmovilizados.

Sin duda, es necesario que, como parte de las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos, las víctimas y el país conozcan lo sucedido, de manera que lo más coherente con esa pretensión sería divulgar los informes de manera tal que fueran de fácil acceso y realmente, público conocimiento.

Sin embargo, ese último supuesto no se cumple. Cuando quise adquirir uno de los informes, me encontré sorprendido que su costo era de $42.000 pesos. ¿Será que las víctimas en Colombia, mayoritariamente con pocos recursos económicos, estarán en plenas condiciones de pagar ese valor?. ¿Se justifica que en un país donde hay necesidades tanto económicas como de conocer la verdad sobre la violencia, se pague por esto?. ¿No sería más consecuente hacer una distribución gratuita de la verdad, de la memoria?

No me cabe duda que los $42.000 pesos son una muy buena inversión, pero sí tengo dudas sobre la pertinencia de cobrar un dinero del que no cualquiera dispone, para saber lo que ha sucedido en su país, o leer de nuevo, la historia de su desconsuelo.

En Twitter: @andreasforer