A lo largo y hondo de la turbulenta historia el siglo XX, ningún presidente -ni siquiera el más proclive a la venalidad- había dejado a su paso semejante estela de corrupción y de malos manejos, con  miembros de su gabinete y asesores de alto nivel en problemas serios con la justicia.

“Venganza criminal”,  ese es el nombre que  los directos afectados (y sus alzafuelles)  buscan darle a toda esta secuencia de escándalos que no termina. “Venganza criminal”  orquestada, según versión de sus “victimas”, por la justicia politizada en contubernio con los mismos bandidos que buscan enlodar a un puñado de patriotas que los persiguieron e, incluso, los extraditaron. Los tribunales y las  cortes están en la mira: bajo esta decadencia moral de quienes ostentaron el poder en el pasado inmediato, bajo este desprecio enorme hacia quienes imparten la poca justicia que el sistema logra rescatar de las garras de la impunidad,  los jueces no son más que correas de transmisión del terrorismo. Qué desgracia: la delincuencia común y la política, han encontrado un aliado improbable en ese sector fascistoide del establecimiento que ha escogido la carta de destruir los cimientos de nuestra precaria civilidad con el propósito de defender, a como dé lugar, sus cuestionadas y cuestionables acciones. 

Sabedores ellos de cómo funciona el poder, de sus realidades internas, no pueden menos que sentirse traicionados y defraudados por un presidente que al parecer no mueve un dedo para impedir esa “torcida” acción de la justicia. Todo lo contrario; según los comprometidos en acciones ilegales, este Santos se ha convertido en su implacable perseguidor, acaso por omisión, su silencio otorga. Por eso, Andrés Felipe Arias se convierte en preso político, un inocente sin garantías procesales, y Luis Carlos Restrepo evade los tribunales. Para salvar el pellejo, están dispuestos incluso a parecerse a sus archienemigos, los terroristas: aquí hay un remedo de justicia, a la que se debe destruir para imponer un nuevo orden. Mientras tanto, es mejor pedir asilo.

¿Es inherente el incremento de la corrupción a la intensificación de la guerra?  Sí, a juzgar por el grado de deterioro moral vivido del año 2002 al 2010, en todos los ámbitos de la vida nacional. Nacido de una dañada y punible alianza  electoral entre jefes paramilitares y dirigentes regionales, el gobierno de Uribe generó durante ocho años una combinación de persecución y encubrimiento, que se ha venido develando  a través de testimonios y evidencias.  Eso significa que, como en el caso del Palacio de Justicia, la marca de la era de la seguridad democrática seguirá viva, pero no por sus pretendidas bondades, sino por su efecto devastador en los resortes éticos de la sociedad. El gran reto aquí será ver hasta dónde llegará este pulso institucional entre las cortes y tribunales y sectores muy degradados de la clase dirigente, que buscan sabotear los fallos de la ley, por ahora mediante la tergiversación y el desprestigio. ¿Se atreverán a dar el paso que dio el narcotráfico, con la eliminación física de los jueces?

La estrategia republicana en Bogotá

Dos semanas después de la posesión del presidente Barack Obama, los republicanos ya estaban cantando su fracaso. Es más: pocos meses después, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, reconoció sin pudor que el objetivo principal de su partido era evitar, a toda costa, un segundo periodo presidencial de Obama. El libreto lo han cumplido al pie de la letra, con lujo de detalles, sin importar los efectos devastadores que dicha estrategia ha tenido sobre el país: paralización del Congreso, obstrucción de cualquier medida tendiente a paliar los efectos de la recesión, campaña sistemática de desprestigio del presidente. Todo parece indicar que la oposición más hirsuta a Petro va por el mismo camino. Espero que tampoco el alcalde  les dé papaya, porque ya suficiente ha hecho el Polo en la destrucción de una alternativa de izquierda democrática con vocación de poder.

Twitter: @sergiootalora