El proceso de paz de San Vicente del Caguán no sólo desnudó la barbarie de la guerrilla, también puso en evidencia la falta de preparación de los medios. / Archivo

El Mono Jojoy siempre fue jactancioso con el poder. No contento con su apariencia recia y atemorizante, hacía permanente alarde de su don de mando, la obediencia que todos en la guerrilla le rendían y el poderío militar que las Farc tenían desde finales de los años 90. Y por supuesto que le encantaba hacérselo sentir también a los periodistas nacionales y extranjeros que cubrieron el despeje militar de San Vicente del Caguán decretado por el presidente Andrés Pastrana desde finales de 1998 y que se extendió hasta 2002, con la abrupta ruptura del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla.

Por eso el día anterior a la liberación de 242 soldados y policías que habían sido secuestrados por ese grupo armado ilegal, se mostró especialmente arrogante: exigió a los reporteros allí congregados no olvidar que la entrega de los uniformados era un acto unilateral de la guerrilla y hasta mandó a callar a algún comunicador que puso en tela de juicio sus palabras. “A usted va a tocar dejarlo una temporada por acá, para ver si se le quita lo chistoso”, dijo delante de todos los periodistas el entonces máximo jefe del bloque Oriental de las Farc.

Sus palabras, en un momento tan importante para el desarrollo del proceso de paz, pusieron en evidencia uno de los muchos problemas que afrontó la prensa en el ejercicio de su función de informar al país sobre un tema sobre el que ni el Gobierno, ni los medios de comunicación, ni el país estaban completamente preparados.

¿Qué hacer en caso de que los jefes guerrilleros como Jojoy presionaran para que el cubrimiento informativo fuese direccionado hacia uno u otro sector? ¿Cómo reaccionar frente a los comentarios agresivos de los cabecillas de las Farc?

Aunque complejo, este dilema tampoco fue el primero —ni tal vez el más grave— de los periodistas frente al proceso de paz.

Los riesgos de cubrir en caliente, sin un proceso de contextualización sobre la compleja temática, y los de tener permanente cercanía con las fuentes, llevaron a apresuramientos que en no pocas ocasiones condujeron a errores al periodismo colombiano. Uno de los más recordados fue el del collar bomba contra doña Elvia Cortés, la humilde mujer que perdió la vida como consecuencia de ese hecho el 15 de mayo de 2000 y de cuya muerte se responsabilizó inicialmente a las Farc, ocasionando con ello uno de los momentos más críticos del proceso.

El artefacto había sido puesto en realidad por delincuentes comunes y aunque así se comprobó tiempo después, el efecto inmediato para las negociaciones ya era irremediable.

Con la ventaja de ver los hechos en retrospectiva, la academia impulsó múltiples esfuerzos de evaluación luego del fin del proceso y concluyó que a los medios les faltó centrarse más en las agendas de negociación, tener en cuenta a actores adicionales a los que participaban en los diálogos (especialmente a las comunidades, instituciones y empresarios) y ubicar el proceso en un largo y mediano plazo.

Como escribió también Fabio López de la Roche en Debate público, guerra y desregulación informativa en Colombia, el afán por la primicia terminó invisibilizando algunos avances y dándoles relevancia a asuntos escandalosos, especialmente en los medios televisivos.

Pero quizás una de las consecuencias más graves de esta seguidilla de errores fue la creación de una especie de rechazo en sectores de la ciudadanía hacia las iniciativas en búsqueda de la paz. Por eso vale la pena preguntarse, cuando aún existe la posibilidad de que en algún momento (no se sabe si en este o en otro gobierno) se acuda de nuevo a dicha vía para buscarle solución al conflicto colombiano, qué tan preparados estarían los medios. Qué tan formados en el tema están los reporteros, cómo integrar otras disciplinas de estudio al cubrimiento del tema (economía, el Derecho Internacional Humanitario, por ejemplo).

Únicamente atendiendo a este tipo de obligaciones es posible no sólo brindar una cobertura más completa al país y entregarle elementos de contexto para que entienda mejor la problemática, sino también evitar riesgos para la vida de los reporteros en terreno. No hay que olvidar que tras el proceso del Caguán fueron varios los que terminaron exiliados o retirados de los medios por razones que muchas veces pasaron por su trabajo informativo.