Foto: Federico Ríos - El Espectador

El juez penal militar Mauricio Cujar rechaza que su petición sea parcializada. “Yo soy un juez autónomo”, dice.

Un Fiscal delegado ante el Tribunal Superior acusó formalmente al juez Primero de División del Ejército, mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez por promover colisión de competencias en el proceso judicial que se adelantaba contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

La acusación, que fue presentada ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, se relató cómo el funcionario judicial solicitó en 2009 de manera irregular la competencia para juzgar al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, pese a que el proceso ya se encontraba en la justicia ordinaria, hecho por el cual le imputó el delito de prevaricato por acción al funcionario judicial, señalando que en 2009 solicitó

En esa oportunidad, el juez primero de Instancia de Divisiones del Ejército le envió una solicitud a la Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, para que aceptara el traspaso del proceso de su despacho a la justicia penal militar.

El mayor Cujar manifestó que los hechos por los que era investigado el excomandante de la Escuela de Caballería “fueron originadas en una operación militar”, precisando que el coronel Plazas Vega había tenido como principal misión durante la toma del Palacio de Justicia “trasladar los vehículos blindados” el 6 de noviembre de 1985 para rescatar a los rehenes.

Ante esta solicitud los representantes de los desaparecidos del Palacio de Justicia denunciaron al juez militar considerando que dicha petición fue un abuso de autoridad para entorpecer el caso.

Dos semanas después, el magistrado Ovidio Claros Polanco, el Consejo Superior de la Judicatura, decidió dejar en manos de la justicia ordinaria, y no la penal militar el proceso en contra del coronel en retiro.

Según el ponente de la decisión, fueron las dudas que surgieron en el estudio del caso. “Cuando persista una duda, debe pronunciarse la justicia ordinaria” y agregó “existen dudas cuanto a lo que son los actos del servicio y aún hoy hay personas cuyo paradero no se conoce”.

Por estos hechos irregulares, el juez militar podría pagar una pena hasta de 12 años al extralimitarse en sus funciones jurídicas y administrativas.

El pasado 30 de enero, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 30 años de prisión contra el coronel Plazas Vega por el delito de desaparición forzada por los hechos del Palacio de Justicia.