Caso Saludcoop.

Durante casi un año las autoridades escudriñaron entre documentos, testimonios y cifras e hicieron múltiples visitas para establecer y cuantificar con precisión qué pasó realmente en el escándalo más sonado de las dos últimas décadas en el sector de la salud: la intervención de la EPS más grande del país, SaludCoop. Como resultado de ese trabajo se acaba de establecer que por la presunta desviación de recursos y sobrecostos en medicamentos, el Estado sufrió un daño patrimonial que asciende a más de un billón de pesos.

A esta conclusión llegaron los investigadores de la Unidad Especial contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, quienes el pasado 28 de diciembre de 2011 emitieron un auto fiscal. Mediante éste se ordenó la apertura formal de un proceso de responsabilidad en contra de seis directivos de la EPS entre 2006 y 2011; 43 empresas del grupo y sus representantes legales; 12 miembros del consejo de administración; cuatro de la junta de vigilancia, y dos altos funcionarios del gobierno Uribe.

El Espectador accedió a los documentos de la compleja investigación. Se trata de un dossier de 65 expedientes con más de 13 mil folios y 44 discos compactos. Un proceso que también contiene las declaraciones juramentadas de al menos 16 funcionarios y exfuncionarios de la EPS efectuadas entre el 5 de abril y el 30 de septiembre de 2011. En ese período y durante varias sesiones, palabras más palabras menos, los interrogados prendieron el ventilador, dieron nuevas pistas y ayudaron a la justicia a establecer el monto del daño patrimonial al Estado, el mayor de los últimos años contra una entidad pública y cuyo afectado es el Ministerio de Salud.

El argumento central de la investigación para decretar la apertura formal de responsabilidades es que los dineros de la seguridad social son públicos y las EPS y el Fondo de Solidaridad y Garantía los deben administrar sin que en ningún instante se confundan ni con el patrimonio de la EPS ni con el presupuesto nacional o las entidades territoriales. Otro argumento es que las contribuciones de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social tienen que usarse exclusivamente en la prestación de servicios o entrega de bienes a los afiliados.

El billón por partidas

La indagación en Salucoop arrancó el 4 de abril de 2011. De inmediato se ordenó una visita especial a la presidencia, así como a las compañías Efectiva y Audigroup. Se hizo después una de la Superintendencia de Salud, a la empresa IAC Jurisalud. Luego vino la inspección al Condominio Villa Valeria. Posteriormente, se hicieron nuevas visitas a la EPS y a otras de sus subsidiarias y se recopiló abundante documentación. El 20 de octubre se cerró la indagación preliminar y el 28 de diciembre se expidió el auto fiscal.

En concreto, y para citar algunos casos, se detectó que $17.140 millones de la salud fueron invertidos en un software para la empresa filial de la EPS Heon Health, pese a que la propia SaludCoop ya lo había desarrollado y entregado a la misma Heon. En pago de honorarios a abogados, asesores y consultores se destinaron, de manera indebida, $23.624 millones.

En la cancelación de intereses para cubrir faltantes de caja de la EPS también se giró otra cifra muy significativa. Fueron $220.277 millones de destinación específica a actividades de salud que se utilizaron en una actividad no permitida. Las investigaciones dan cuenta, además, de que se destinaron otros $462.057 millones en inversiones distintas a la finalidad del aseguramiento.

Entre 2006 y junio de 2011 se detectó también un inusual movimiento de dinero en efectivo en los proyectos y las promesas de compraventa de las clínicas Bogotá, Materno Infantil, Castellana, Medellín, Tunja y el edificio Paralelo 108, en el norte de la capital. Según la auditoría, por esta vía se desviaron $91.646 millones.

En otro proyecto, denominado Ciudadela de la Salud, se encontró no justificada plenamente en la contabilidad de la EPS una cifra de $22.734 millones. Según se señala en uno de los expedientes del caso, esta cifra “presenta cierto reproche con ocasión de cierto ocultamiento en la contabilidad, situación que será objeto de debate en la oportunidad procesal pertinente”.

SaludCoop también desembolsó en el período 2006-2010 pagos en efectivo para adquisición de planta y equipo por $165.552 millones. Según los investigadores del caso, “la entidad utilizó recursos para financiar adquisiciones de activos diferentes a los necesarios como EPS, fortaleciendo el patrimonio de otras empresas del grupo a costa de recursos parafiscales en especial, aquellos ajenos a la red propia”.

Las inversiones en Chile, México y Ecuador también son objeto de cuestionamiento fiscal. Se concluyó que la EPS desvió recursos parafiscales en cuantía de $57.811 millones. Además, la operación en México registra pérdidas significativas que debe asumir en Colombia.

Otras operaciones en el país para adquirir acciones, cuotas sociales, aportes en cooperativas, créditos mercantiles, amortizaciones, cargos diferidos, arrendamiento (leasing) de planta y equipo, remodelaciones y hasta la compra de elementos de ropería y lencería constituyen un grave daño patrimonial al Estado.

Sin embargo, en esta danza de los millones cuestionados ha causado indignación entre los investigadores una extravagancia. Aparece que a través de la compañía productora de medicamentos Epsifarma, entre 2008 y 2010, se adquirieron baldosas o porcelanato proveniente de China, con destino al complejo hotelero y condominio Villa Valeria, ubicado en el municipio de Restrepo (Meta). Según la investigación, se encontraron pagos a la empresa Guangdonng Dopeng Ceramic Co por valor de $2.326 millones.

En este facsímil, que forma parte de la investigación fiscal, aparecen varias carpetas con información financiera de varios directivos y exdirectivos
de segundo nivel de la EPS.

La perspectiva

SaludCoop nació en 1994 y en menos de dos décadas se convirtió en una de las 10 empresas más grandes del país. Su gestor, el actuario Carlos Palacino, de la mano del sector cooperativo, conformó en tan sólo 15 años un emporio de más de 100 empresas en el país y en el exterior generando 25 mil empleos. Fue intervenida el 11 de mayo del año pasado y separado de su cargo Palacino, quien responde ante algunas autoridades.

La EPS entró en un complicado sistema de utilización de cupos de crédito rotativo, porque creció demasiado e hizo muchas inversiones cuestionadas. Pero sus ingresos no fluyeron a la misma velocidad que sus gastos e inversiones. Conrado Gómez, superintendente de Salud, señaló a El Espectador que si no la hubieran intervenido, el escenario sería catastrófico.

Hoy todos los actores trabajan en direcciones diferentes. Fiscalía y Procuraduría han tenido poca intervención en el tema. En cambio la Contraloría, la Superintendencia de Salud y el agente interventor, Mauricio Castro, se muestran muy activos para esclarecer y ahondar en nuevos hallazgos del complicado proceso.

En el caso del organismo de control fiscal, hace dos semanas impuso medidas cautelares contra la EPS con el propósito de establecer restricciones sobre sus propietarios. También desde esta semana comenzó a recibir declaraciones de los presuntos responsables fiscales.

Sin embargo, parecen tener un as bajo la manga para ahondar en las indagaciones. Dentro de los documentos que soportan la investigación aparecen una serie de carpetas con información de nómina y certificados de ingresos de los últimos años de al menos 40 directivos y exdirectivos de SaludCoop (ver facsímil).

Para citar un caso, en la carpeta 38 en poder de los investigadores y de la Contraloría aparecen soportes del médico Javier Agudelo Valencia. Éste, durante varios años, fue la mano derecha de Carlos Palacino en su condición de director de la principal clínica de la EPS, Jorge Piñeros Corpas. Actualmente, Agudelo Valencia es accionista del cuestionado condominio Villa Valeria en Restrepo y es el actual vicepresidente de la Nueva EPS. Según los investigadores, en este caso y los otros se buscará establecer cuál fue el origen de los ingresos y cuál la participación en los negocios.

En la investigación también se analizará el contrato con el equipo de fútbol Equidad, facturas, pagarés, soportes del edificio Paralelo 108, convenios con abogados, recobros de tutelas, escrituras de constitución de clínicas y pagos por medicamentos a la empresa Epsifarma.

En cuanto a la Superintendencia Nacional de Salud, en 20 días recibirá el informe final de la auditoría contable forense que contrató el superintendente Conrado Gómez con el fin de precisar el caso, establecer nuevos hallazgos y tener una carta de navegación a seguir en los próximos meses. Según explicó Gómez, se trata de la revisión especial a la contabilidad tal y como se hizo en sonados casos, como Parmalat o la multinacional energética Enron.

Frente al desempeño del interventor, Mauricio Castro, señaló que el Gobierno y su administración tienen definido un plan de acción que están ejecutando tendiente a estabilizar la situación financiera de la EPS y garantizar la prestación eficaz del servicio a los 7 millones de afiliados.

El caso SaludCoop se vuelve a mover, su expresidente Carlos Palacino no se quizo pronunciar sobre los nuevos hallazgos. Por lo visto aún queda mucha tela por cortar en este escándalo. Con una posible desviación de recursos de la salud, superior al billón de pesos, parece que 2012 será el año de las decisiones de la justicia.

“La intervención fue positiva”: supersalud

Conrado Gómez, superintendente nacional de Salud, explicó que la EPS SaludCoop está funcionando bien y dio un parte de tranquilidad a sus afiliados. Luego de la intervención, lo que se hizo fue incrementar el recaudo a través de estrategias como mejorar el ingreso por concepto de glosas. En cuanto a la compensación ante el Fosyga, también se mejoró el proceso y se obtuvieron más recursos que han permitido optimizar la operación.

Frente a la prestación de los servicios, explicó que hace varios meses existió represamiento y congestión, derivado de problemas por pagos a la red de prestadores, pero a través de un plan de choque “en los últimos meses se registró aumento en las atenciones y los tiempos mejoraron.

“La EPS registró buenos niveles de crecimiento. La afiliación subió en más de 200 mil usuarios el último año. La justicia tomará decisiones sin que se afecte el funcionamiento y bienestar de la gente”.

Las estrategias del nuevo agente de la entidad

En ocho meses SaludCoop ha tenido tres interventores. Desde el pasado 24 de noviembre asumió el abogado Mauricio Castro, luego de que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tumbara la acción de tutela que frenaba la intervención de la EPS y la devolvía, de manera temporal, a sus dueños.

Castro, experto en manejo de crisis empresariales, explicó a El Espectador que se ha venido superando la operación deficitaria de la EPS mediante la reducción del costo médico y el manejo eficaz del recaudo. “Hoy nuestra operación es equilibrada y aspiramos a que en los próximos meses sea superhabitaria”.

Además, dijo que diseñó un plan de pagos a las IPS y explicó que a finales de este mes se venderá el edificio Paralelo 108, uno de los activos más importantes de la EPS. De igual manera, expresó que está trabajando para mejorar la calidad del servicio en cuanto a tiempos de espera de las citas y medicamentos. “También estamos revisando toda la red en el país”.

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