El nuevo esquema de televisión planteado en el proyecto de ley busca actualizar el sector en convergencia digital.

El primer paso fue eliminar el rango constitucional que tenía la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Con la directriz del Gobierno, así lo hizo el Congreso en la pasada legislatura. Ahora el Ejecutivo plantea la segunda parte del nuevo modelo de televisión que quiere implementar para el país. Y lo formalizó a través de un proyecto de ley radicado ayer en el Poder Legislativo y a través del cual recobra el manejo de la televisión por medio de una junta que para su organización tendrá el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información.

Aunque la propuesta admite que dicha junta de televisión será un organismo estatal de carácter independiente, con autonomía funcional, a la hora de su composición queda claro que la idea es regresar al modelo de una televisión sujeta a claros lineamientos gubernamentales. La prueba es que se prevé que la junta esté integrada por cuatro miembros, uno de ellos el ministro y los tres restantes designados por el presidente a partir de una lista de elegibles conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

A la lista de elegibles se podrán inscribir candidatos de la industria de la televisión, las universidades y los sectores vinculados, siempre y cuando no hayan integrado juntas o consejos directivos o cargos de dirección en servicios de comunicaciones durante el año anterior a la elección, ni tenido la condición de accionistas o propietarios de sociedades de la misma índole durante el mismo tiempo, ni quienes tengan su cón- yuge, compañera permanente o primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con las personas incluidas en las causales anteriores.

La idea del Gobierno es que la junta de televisión asuma las funciones que venía desempeñando la CNTV, entre ellas las de administración, gestión, adjudicación y asignación del espectro electromagnético. En otras palabras, por ejemplo, la definición y otorgamiento de nuevos negocios en el sector. Sin embargo, en materia de prácticas restrictivas de la competencia o integraciones empresariales, la competencia quedará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Como requisitos y calidades para ser miembros de la junta de televisión se exigirá que sean personas mayores de 30 años, ostentar títulos de abogado, ingeniero, economista, administrador o periodista; tener título de maestría o doctorado en áreas afines o de manera alterna acreditar 20 años de experiencia. En adelante quienes integren esta junta sólo obtendrán una remuneración por la asistencia a las sesiones, pero en ningún caso el valor mensual de éstas podrá superar la de un experto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

En otro de sus apartes la ley prevé la creación de un Fondo para el Desarrollo de la Televisión y sus contenidos, al tiempo que se estipula que este fondo asuma el patrimonio que hoy posee la Comisión Nacional de Televisión. En cuanto al pasivo pensional de los extrabajadores de Inravisión, la iniciativa legal plantea que a partir de enero de 2013 el reconocimiento de estas obligaciones quede a cargo de una nueva Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

En cuanto a la Comisión Nacional de Televisión, como ya había quedado planteado en el acto legislativo que le quitó su rango constitucional, entrará en proceso de liquidación en un plazo que deberá concluir a más tardar seis meses después de aprobado el proyecto. Esta norma plantea que todos los contratos celebrados por el organismo en liquidación deberán ser terminados y que las nuevas entidades asumirán los procesos judiciales, arbitramentos y litigios administrativos que venían en curso con la CNTV.

Respecto al cumplimiento del principio constitucional que ordena un acceso igualitario al espectro radioeléctrico en términos de libertad de expresión y pluralismo informativo, el proyecto de ley busca que la junta de televisión sea la encargada de expedir los actos regulatorios relacionados con los contenidos de la televisión. En este contexto, el Ministerio de Tecnologías de la Información sería el organismo encargado de hacer cumplir dichos actos, de la misma manera que lo hace con los servicios de telecomunicaciones.

De igual modo, se busca que el Ministerio del ramo cumpla las tareas de planificación, gestión y control del espectro radioeléctrico, con el soporte de la denominada Agencia Nacional del Espectro. La idea es que en términos generales el nuevo modelo de televisión para Colombia no replique la estructura que llegó a tener la Comisión Nacional de Televisión, con costos anuales cercanos a los $38.000 millones. La nueva propuesta pretende un ahorro significativo, de tal manera que se le puedan duplicar los recursos a la televisión regional.

El proyecto de ley radicado por el Ejecutivo tendrá que confrontarse con dos iniciativas adicionales que han sido radicadas por las bancadas del Polo Democrático y el Partido Conservador. De todos modos, la discusión sobre el nuevo ente rector de la televisión, su grado de autonomía e independencia y demás factores asociados al negocio promete convertirse en un tema de intensa discusión pública y parlamentaria. De más está decir que detrás de este debate está el dilema pendiente sobre la creación de un nuevo canal privado.

Como se sabe, desde mediados del año anterior el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el proceso de adjudicación del tercer canal privado, bajo el argumento de que una subasta con un solo proponente no es viable, pues deja en manos de ese único licitante el tope del precio de la concesión. No obstante esta decisión preliminar, tiene que adoptar una posición de fondo entre la nulidad definitiva de la licitación o la vía libre para su adjudicación con un solo postor. Esta decisión deberá adoptarse en próximos días.