Guillermo Ángel Reyes hizo la interventoría de obras en el suroccidente de la capital, entre 2007 y 2009. /David Campuzano

Además de los grandes escándalos que ha enfrentado el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por cuenta del carrusel de la contratación, un nuevo problema parece emerger para esta entidad: se trata de las gestiones tardías en la liquidación a un contratista que, a diferencia de los implicados en el carrusel, sí le cumplió a la ciudad.

Guillermo Ángel Reyes, ingeniero civil de la Universidad Nacional, es víctima de los lentos procesos administrativos del IDU. Su historia se remonta al año 2006, en épocas del alcalde Luis Eduardo Garzón, cuando Reyes ganó mediante concurso la adjudicación de un contrato para adelantar la interventoría administrativa, técnica, financiera y ambiental al diagnóstico y mantenimiento de vías en Bogotá, a través del programa Brigadas de Reacción Vial. Sin embargo, casi tres años después de haber terminado el contrato, aún no ha sido liquidado por completo en el IDU.

Esto quiere decir que, además de tener retenido un pago correspondiente a cerca de $50 millones, Reyes, representante legal del consorcio Vías Bogotá 2007 y encargado de ejecutar el contrato, ha tenido que seguir realizando trámites administrativos, como las declaraciones del impuesto de industria y comercio y la retención en la fuente. Los consorcios “son entidades que siguen vivas. Así no estén haciendo nada y así las declaraciones se hagan en cero, implican trámites aquí y allá”, señala el ingeniero, quien agrega que la entidad les debe a los contratistas  entre $400 y $500 millones.

El proceso de liquidación del contrato representado por Reyes, que se desarrolló en óptimas condiciones, como lo expresa el IDU en una de sus respuestas al ingeniero, se empezó a extender en diciembre de 2008. En esta fecha, el contratista a quien el consorcio Vías Bogotá 2007 debía hacer la interventoría solicitó que se le reconocieran mayores costos por la ejecución de las obras de mantenimiento vial. En junio de 2009 la interventora emitió su concepto ante el IDU, con lo cual esperaba la liquidación de su contrato.

Pero “terminamos envueltos en un proceso vergonzoso, de cambio de funcionarios, de empleados a quienes tuvimos que objetar por considerar que no estaban haciendo su labor y perdían los documentos dilatando más las cosas”, indica Reyes.

Esta cadena de gestión ineficiente se relaciona con el “desastre que son los archivos, pues los funcionarios pidieron en septiembre de 2011 informaciones y documentos que se produjeron dos años atrás”, como el de reconocimiento de mayores gastos al contratista de la obra, señala Reyes. Sin embargo, el ingeniero asegura que en diciembre de 2011 presentó la información requerida.

El Espectador buscó durante dos semanas a los funcionarios encargados de esta liquidación en el IDU. En un primer momento se nos dijo que el señor Álvaro González, subdirector técnico de Mantenimiento Vial, era responsable del asunto, pero él dijo que no lo tenía claro y que necesitaría un par de días para identificarlo. Sin embargo, una semana después aseguraron en la entidad que González ya no trabaja en el instituto. Nadie más da razón del caso.

Hoy, el Consorcio de Guillermo Ángel Reyes espera la liquidación definitiva de su contrato con la firme decisión de no volverse a presentar a las convocatorias del IDU. Reyes concluye: “Esto ha implicado un desgaste de funcionarios en el instituto, cuando, por otro lado, la ciudad se está acabando”.

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