Recordarán algunos que ante las acusaciones de abuso de poder y fraude fiscal, el “Cavalieri” no dudó en arremeter contra la justicia, calificándola de “contrapoder frente al cual la política se encuentra impotente, arrinconada". En una de sus peores afrentas llegó al extremo de incitar a sus partidarios a destruir el Palacio de Justicia de Milán. Por la misma vía, hoy Uribe la emprende de manera indiscriminada contra magistrados, jueces, fiscales, hasta contra la misma Procuraduría, y reclama asilo político para exfuncionarios suyos, so pretexto de una supuesta venganza criminal.

La estrategia uribista sigue una lógica simple: se comienza por imaginar un posible motivo que haga creíble la teoría de que existe una gigantesca conspiración en su contra. El deseo de venganza de algunos jefes paramilitares, en este caso, proporciona un móvil ideal. Luego se da a entender que el poder judicial y miembros del actual gobierno son cómplices del infame complot. El artificio logra un eficaz impacto mediático, al convertir por arte de magia a los inculpados en perseguidos políticos, y a los fiscales en prevaricadores. ¿Cómo está estructurada la siniestra cadena que conecta el aparato judicial con los delincuentes? Nunca se explica. Mucho menos se evidencia cómo puede ser alguien perseguido político sin que existan cargos de rebelión, ni acusación alguna de profesar ideas que atenten contra el orden establecido. Tampoco resulta obvio por qué se habla de venganza, cuando las indagaciones contra un buen número de exfuncionarios de Uribe se iniciaron durante su propio gobierno.

La teoría era predecible ante la debacle del uribismo, frente al hecho de que sus más notables subalternos, o bien se encuentran tras las rejas, o huyendo de la justicia. Sin embargo, no deja de ser sugestivo observar cómo opera la disonancia cognitiva entre los áulicos del exmandatario, que no encuentran la menor dificultad en ignorar el robusto acervo probatorio que pesa en contra de los acusados: las evidencias simplemente se ignoran, los testimonios se toman por calumnias y las imputaciones se explican como venganzas.

La defensa uribista suele ser infantil: se habla de “hombres íntegros”, “abnegados servidores de la patria”, “gente decente de trayectoria inmaculada”. Con la misma retórica pueril defendió Uribe a Jorge Noguera, “el buen muchacho de Santa Marta”, hoy condenado a veinticinco años de cárcel por homicidio y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos. Los testimonios se descalifican por provenir de bandidos cuya palabra se ha puesto por encima de la credibilidad de individuos honorables. Pero, ¿no están los jueces en la obligación de sopesar todos los testimonios sin importar que provengan de criminales? Se olvida que la validez de las declaraciones dependerá de su verificación mediante otros elementos probatorios, y que son precisamente los delincuentes los llamados en este caso a suministrar la información más valiosa. Se objeta la palabra del bandido cuando es incómoda, pero se avala si resulta conveniente. ¿No fue el célebre “Job” un visitante de la Casa de Nariño?

Según la teoría de la gran conspiración, nunca hubo interceptaciones ilegales, o si existieron, fueron iniciativa de oscuros funcionarios de menor rango, y a espaldas de todos. Si tenemos en cuenta que el DAS estaba adscrito a la Presidencia, entonces, como señalé alguna vez, en el mejor de los casos el gobierno Uribe no sería el más corrupto, sino el más inepto. Y a este récord Guinness de ineptitud colectiva habría que sumarle lo ocurrido con las falsas desmovilizaciones, una de ellas bastante evidente desde sus comienzos, excepto para el gobierno, que nunca se percató de nada, aunque la farsa se desplegara en sus propias narices y fuera orquestada por un exguerrillero desde la cárcel.

Se supone que tampoco existió plan alguno para desprestigiar la Sala Penal de la Corte Suprema, ni se trató de enlodar al principal investigador de la parapolítica. Los pormenores de cómo se fraguó el caso “Tasmania” no tendrían la menor importancia, y pareciera totalmente irrelevante el hecho de que su abogado fuera hallado responsable del montaje contra la Corte, y condenado por calumnia. Si fuésemos a ser sensatos, tendríamos que concluir que sí hay conspiración, ¡pero a la inversa!

Y, ¿cómo defender las irregularidades que sucedieron en el Ministerio de Agricultura? No hay dudas de que grandes productores agrícolas recibieron subsidios millonarios sin llenar los requisitos. En la medida de aseguramiento contra el exministro Arias se estipula que “aun cuando el ministro hubiese delegado la vigilancia del programa a varios funcionarios, no podía excusarse de su deber de controlarla, pues la ley y la Constitución consagran en él toda responsabilidad contractual”. Por supuesto que serán los jueces los únicos quienes decidan si el exministro incurrió en la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Pero hay que ser atrevido para descalificar de manera olímpica cualquier investigación en su contra, con el argumento peregrino de que Arias es un hombre probo con un pasado intachable.

La estrategia uribista de desacreditar la justicia con la burda teoría de una venganza criminal no solo resulta grotesca, sino contraproducente. Las rabietas de aquel “trueno convertido en trino” lucen cada vez más patéticas. Y si al show se le suman las amenazas clandestinas de reformar la Constitución en aras de satisfacer codicias individuales, la situación adquiere ominosos visos golpistas. No es gratuito que, excepto por los mismos fanáticos de siempre, el repudio a estos hechos haya sido total.