Qué tan libre sea la prensa es una cuestión de grado. No sólo la ausencia de censura o de ingerencias oficiales asegura el libre fluir de las ideas. La evaluación crítica de información y opinión también exige independencia de los medios, en particular de los poderes burocrático y económico. En un mundo globalizado el dominio de la prensa tiende igualmente a globalizarse, haciendo más difícil desentrañar los intereses que subyacen a su manejo nacional e internacional.

La anterior constelación no impide usar los recientes casos que involucran la libertad de prensa para medir el tipo de democracia existente en cada país. Democracias de alta intensidad son aquellas donde la libertad de prensa es un verdadero freno al ejercicio del poder público. En ellas el ejercicio de la investigación periodística pone y quita funcionarios públicos. Es el caso alemán, donde el presidente Christian Wulff se ha visto obligado a renunciar luego de sus amenazas veladas a periodistas que indagaban por sus vínculos sociales y sus ventajas económicas. Al extremo contrario se encuentran Ecuador o Venezuela, países con democracias de baja intensidad, donde los presidentes usan los medios del Estado –judiciales o radiotelevisivos– para amedrentar o perseguir a sus críticos.

El caso colombiano merece mención aparte. Orgullosos de una larga tradición civilista y democrática, gozamos de centenarios periódicos devotos a la libertad y la democracia. Pero algo va del romanticismo a la realidad. Y el contexto ha cambiado. Los conglomerados transnacionales de medios, de los cuales las familias presidenciales no son ajenas, aglutinan prensa, radio, televisión e Internet para perpetuar su poder. El ejercicio del periodismo libre e independiente se convierte en una rareza. El poder del Estado maniobra para engullirse a los medios, bien sea mediante el manejo de la pauta publicitaria, la administración de puestos públicos (en especial diplomáticos) o la adjudicación de canales. Bien conocidos son los opinadores dóciles, preocupados por defender intereses creados o mantener contratos o privilegios.

Con sus estrategias sofisticadas, los acomodados en el poder político-mediático no entienden que su miopía debilita la democracia. El matrimonio Uribe-RCN o Santos-El Tiempo, con mentirillas y todo, son pruebas fehacientes de ello. No en vano la opinión pública colombiana –con dignas excepciones– es precaria, maleable, emocional y amnésica a la hora de llamar al orden y exigir responsabilidad a sus dirigentes. El coctel de novelas y frivolidades diarias resulta efectivo.

Por fortuna ni la libertad de prensa ni la democracia dependen sólo de las agencias públicas sino también de los avances tecnológicos y la originalidad de las nuevas generaciones, naturalmente inconformes con el mundo heredado y siempre susceptible de mejora. La combinación de nuevos medios electrónicos e indignación social puede poner en jaque a la alianza en apariencia inexpugnable de los “berlusconi” criollos. Razón de sobra para apoyar con más ánimos y recursos al periodismo independiente, informado, serio y crítico que requiere y merece un país que piensa y quiere ser democrático.