Unas cuentas sencillas nos dan la dimensión del asunto. En el país existen 22 millones de hectáreas ya no cubiertas de bosques aptas para la agricultura. De ellas, se cultivan cinco. Así, si apenas se desarrollara la mitad de la tierra disponible, ocho millones de hectáreas, y apenas se generara medio empleo por hectárea, sería posible reducir el desempleo y el subempleo a la mitad. Dicho de otro modo, existe un colosal instrumento para generar millones de puestos de trabajo, que no se usa. De ñapa, sus propietarios pagan por no usarlo unos impuestos ridículos.

Uribe, finquero conservador al fin, dejó la tierra como venía, acaparada por un puñado de propietarios sin vocación agrícola (el Gini agrario colombiano llega a la espeluznante cifra del 0,87, muy por encima del ya pésimo 0,58 del país). Al asumir Santos el gobierno, se generó un moderado optimismo y nos vendieron la idea aparentemente sensata de que había que empezar por la restitución de tierras arrebatadas a los campesinos.

Luego, vista la peligrosa lentitud del proceso (según el ministro Restrepo, los instrumentos para abordar la restitución sólo estuvieron listos a comienzos de enero), hubo tiempo de recapacitar, pues al fin y al cabo las tierras robadas o compradas a huevo por mafiosos, paramilitares, guerrilleros y hacendados avivatos representan apenas una fracción del problema. Se olvida, entre otras cosas, que el desplazamiento económico es y ha sido siempre mucho más significativo que el causado por la violencia. No por nada las grandes ciudades de América Latina, pertenecientes o no a países violentos, están inundadas de antiguos campesinos urbanizados.

Pasados casi dos años, el ruido ha sido más que las nueces, tanto que por esta vez hay que aplaudir las pullas que el senador Robledo le aplica al esforzado ministro Restrepo, así no sea fácil comprar como un todo el programa agrario implícito del senador. Y hablando de programas, no sobraría que los actores políticos de peso se comprometieran con uno claro y concreto en materia de reforma agraria.

El tema abunda en falsas contradicciones. No hay tal, como se demostró en Malasia, que sea imposible combinar la justicia social con las explotaciones intensivas en capital. Sucede, para volver a Colombia, que en 22 millones de hectáreas caben todos los regímenes de producción imaginables. Incluso es posible compensar la afectación ecológica —factiblemente moderada— con la reforestación de varios millones de hectáreas, devolviendo su vocación natural a zonas escarpadas, inaccesibles o de pobre calidad donde hoy predomina el minifundio improductivo. La condición obvia para ello es contar con tierras mejores para otorgarlas a esos minifundistas.

Por una vez las perspectivas son halagüeñas, pues en el mundo contemporáneo la producción agropecuaria se ha valorizado muchísimo, en especial la de comida. Además, generar trabajo en el campo es indispensable a la hora de frenar el reclutamiento de los grupos armados.

Se nos dice que el tema es difícil, a lo que habría que contestar que sí y no o todo lo contrario. Lo que se debe hacer es conocido. Otro cantar es lograr, mediante un gran pacto, la voluntad política para hacerlo. Sea de ello lo que fuere, uno ve el gobierno de Santos bastante tímido en la materia.

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