Entonces el constituyente de 1991 se inventó la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) para que todo fuera, o pareciera, más democrático. Los desaciertos de esta entidad durante sus 15 años de existencia la llevaron a su desaparición en 2011, cuando empezó un largo funeral cuyo fin se ve lejano, a pesar de que el legislador ya creó otra criatura para reemplazarla.

Se esperaba que en abril de este año empezara a ejercer sus funciones el nuevo organismo de televisión (ANTV) que sucederá a la CNTV y cuya dirección estará a cargo de la Junta Nacional de Televisión.

Para tal objetivo tenían que haberse efectuado hace días las correspondientes convocatorias y así elegir a tres de los cinco miembros de esa Junta, pues los otros dos dependen directamente del gobierno. Hasta donde se conoce, nada o muy poco se ha hecho para que las elecciones se lleven a cabo. ¿Qué saben al respecto los gobernadores del país que, sin ninguna justificación, se ganaron un puesto en la Junta? ¿Por qué terminó encartado el Ministerio de Educación teniendo que realizar una especie de reinado de belleza entre las universidades del país y así incidir en la designación de los otros dos miembros? ¿Nadie les puso un plazo a los electores para que cumplieran su deber?

Hay que reconocer el rigor y la responsabilidad con los que la mayoría de los miembros de la actual junta de la agónica CNTV quieren enfrentar la grave coyuntura. Frente a tantos y tan serios asuntos pendientes, es preferible que se queden ellos en el nuevo organismo —los que son serios y juiciosos—, a tener que ensayar chapuceros. La transición podría dar al traste con los procedimientos e investigaciones que se adelantan para evitar un enorme desfalco al patrimonio público.

El legislador hizo una ley a medias (la 1507 de 2012) que no propicia un desarrollo duradero de la industria de la televisión ni un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Que eso es gobernanza, según la Real Academia.