Un funcionario que vigila la función pública no puede ni debe estar violentando la privacidad de hombres y mujeres que tienen inclinaciones sexuales que riñen con su moral católica y cuyos derechos son expresamente defendidos por la Constitución. En una declaración que apoyaba la homofobia de un funcionario de Coldeportes, el procurador afirmó: “la ciencia sólo admite dos géneros, el masculino y el femenino”. Pero la ciencia observa que dentro de la especie humana entre el 10 y el 15% de la población tiene inclinaciones homosexuales o lésbicas, e incluso entre varias especies animales se observan fenómenos similares. La persecución contra los homosexuales los ha vuelto seres sensibles, y muchos han hecho carreras notables en las artes, las letras, las ciencias y los negocios. Es inadmisible que una autoridad pública de tanta altura se sume a la persecución de una minoría.

No debe tampoco el procurador impedir que hombres y mujeres hagan uso de las técnicas modernas para regular su natalidad y tengan el número de hijos que puedan amar y mantener responsablemente, como lo ha intentado hacer en los casos de la píldora del día después o para imponerles trabas a las EPS que atienden la salud reproductiva de sus afiliados. Ha sido históricamente irresponsable ponerle trabas a la educación y a la accesibilidad de los métodos de control natal a la población pobre del país, que sigue con el lastre de tener los hijos que la naturaleza ordene, perpetuando sus condiciones de miseria. Es notorio cómo la mayoría de las familias colombianas, a pesar de ser católicas o evangélicas, abrazaron la planificación familiar, lo cual redujo la tasa de natalidad del 3% en los años sesenta del siglo pasado al 1,7% en la actualidad, todavía demasiado alta, influida por las mayores tasas de las regiones más pobres del país y del embarazo en adolescentes.

Es un atropello a las mujeres y una amenaza a su derecho a la vida que se les obligue a continuar con embarazos problemáticos o a engendrar y amamantar el fruto amargo de una violación. El procurador hace un llamado a todos los practicantes de la medicina y a los hospitales católicos a que hagan uso de su objeción de conciencia para no atender a las mujeres con embarazos ectópicos (por fuera de la matriz) o que presentan una superfetación (un feto atrofiado adherido a otro feto). Para él, el derecho fundamental que defiende es el de que todos deben seguir los imperativos católicos. Prima el derecho a la vida de un feto malformado o concebido por estupro que el derecho a la mujer a superar los enormes traumas que implica cualquier tipo de aborto. A la mujer violada, el procurador le dice que cargue con las consecuencias de un crimen cometido contra su cuerpo, que la deshonra no sólo persiga su nombre sino que arruine sus prospectos de vida; le impone así unos costos enormes que considera convenientes y que él no va a sufragar.

Que paguen las víctimas es lo más irritante de las decisiones que toma el procurador: arruina la vida de cientos de miles de mujeres y de hombres, pero no asume sus consecuencias. Por eso es inconcebible que el Partido Liberal apoye su reelección o que lo terne el presidente. Si insisten en ello, no pueden identificarse como liberales.