Al no haber amnistiado a todos los actores, el Estado no sólo se convierte en el responsable directo de que esta herida no cicatrice, sino que deja las puertas abiertas para que los resentidos humillen a quienes se opusieron a los terroristas. Sin entrar a discutir si hubo o no hubo excesos por parte de ciertos miembros de la Fuerza Pública, es inadmisible que unos magistrados, sin darle al Ejército oportunidad de defenderse, condenen a esta institución. Si por excesos y errores procedimentales se pretende humillar es a las instituciones, a las altas cortes se les debería obligar pedir perdón a los colombianos por los abusos que a diario cometen ciertos funcionarios judiciales, algunos jueces y lamentablemente muchos magistrados.

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El juez Baltasar Garzón fue juzgado y condenado en España por faltas graves, entre ellas —al haber ordenado ‘chuzadas’ ilegales— violación de los derechos constitucionales; prevaricato al haber iniciado procesos sin tener competencia; y falta de ética al haber aceptado aportes económicos de entidades sobre las cuales tenía que emitir un fallo. El que el Gobierno Nacional mantenga a Garzón como su asesor envía un mensaje equivocado: jueces que cometan atropellos son bienvenidos a asesorar a la Nación, siempre y cuando estos atropellos hayan sido cometidos en su país de origen.

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En una reciente visita a Cuba, la exsenadora Piedad Córdoba afirmó: “Aunque a algunos les suene jarto… tengo capacidades para ser presidente de Colombia”. (Posiblemente lo que se debe hacer es felicitar a la exsenadora por el excelente concepto que ella tiene de sí misma, concepto que no necesariamente comparte la inmensa mayoría de los colombianos). En donde sí existe unanimidad es en que Piedad Córdoba ha demostrado tener enorme capacidad de manipular los medios, las ONG, a muchos extranjeros y en ocasiones al mismo Gobierno, a quienes tiene convencidos de los enormes beneficios de la liberación a cuentagotas de los soldados y policías que hace varios lustros las Farc mantienen secuestrados, no obstante que poner en libertad a un secuestrado no implica más que romperle las cadenas y colocarlo en una lancha. Pero en el convencimiento de que se les puede seguir ordeñando a las liberaciones a cuentagotas mucha tinta, radio, y televisión, la exsenadora —con la anuencia de los narcoterroristas— se resiste a abandonar los ‘shows mediáticos’.

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El nivel de inseguridad en las aguas del Caribe se ha vuelto insostenible. La prensa informa que piratas, generalmente delincuencia común panameña, saquean en alta mar embarcaciones de narcos y se encargan ellos mismos de llevar la cocaína hasta EE. UU. Estos últimos incidentes son inadmisibles, dado el enorme esfuerzo que hacen las Farc y sus socios los ‘Urabeños’ en sembrar, procesar, transportar, y exportar la droga. No albergamos la menor duda de que próximamente los ‘Colectivos de Abogados’ (principalmente aquellos del corazón de las Farc) estarán demandando a Colombia ante la Corte Interamericana por negligencia en mantener seguras las aguas del Caribe. Quién quita, ¿de golpe los ‘Colectivos’ hasta logran que a los narcos despojados de su cocaína los incluyan en ‘La Ley de Víctimas’?

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