La restitución de tierras —y, más en general, la transformación del campo a través de una redistribución y clarificación de los derechos de propiedad— constituye la apuesta estratégica por excelencia de la sociedad colombiana. Es una apuesta que no se puede ganar sin política, sin apoyo desde abajo, sin músculo estatal, sin convicción: sin explicarle a la gente cómo cambiaron de manos, literalmente, millones de hectáreas en las últimas décadas y por qué es un acto de mínima, de elemental justicia impedir que ese atraco masivo y sangriento, frente al cual los proverbiales robos públicos del país palidecen, se acepte y se legalice. ¿Ha pensado el Gobierno en un proyecto de museo del despojo? Se lo sugeriría.

Se han planteado tres razones para oponerse al actual esfuerzo de restitución. Primero, que es interesado, pues simplemente se trata de una garrocha que usa Santos para saltar por encima del listón de la reelección. ¿Y qué? Ante todo, en política las decisiones no se juzgan por sus motivos, sino por sus efectos. Pero, por otra parte, que un político busque su reelección no es ni terrible, ni inmoral: es simple rutina democrática. Otra cosa —que sí es completamente destructiva— es que busque cambiar las reglas de juego a su favor para perpetuarse en el poder: estilo Chávez, Uribe o Fujimori. Y si un gobernante es capaz de mejorar las desastrosas condiciones del campo colombiano, pues me parece elemental que eso tiene que contar a su favor. Aquí en Colombia hay un prurito ingenuo, que ya ha producido su buen número de reacciones descabelladas, que supone que los reformistas tienen que ser ángeles. No, no lo son, ni aquí ni en otra parte del mundo; y no tienen por qué serlo. Y si impulsar reformas sociales no da ningún tipo de réditos o apoyos sino sólo problemas, pues eso es un incentivo fuerte para no hacer nada. Pero los que dejan solos a los reformistas, o se dedican a apedrearlos, sin proponer ninguna clase de alternativa real y en coro con los sectores más retardatarios, no pueden escamotear su propia responsabilidad política frente al mantenimiento del statu quo.

Segundo, que es incompleto. Claro que lo es. De hecho, creo que la restitución tal como está planteada es, en el mejor de los casos, una primera etapa de lo que el país necesita. Para no hablar ya de los numerosos problemas de diseño que tiene el instrumento legal que ampara la restitución, y su contradicción con otros. Se necesita más, y mejor. Pero eso implica que hay que acompañar al proceso, ayudar a construirlo, y obviamente combatir cualquier retroceso cuando se produzca.
Tercero, que puede producir odios. A ciertos políticos (ver el respectivo Twitter de Uribe) y ciertos señores de gremios muy específicos, que destilaron veneno e insultaron a diestra y siniestra durante años, y/o que estuvieron directamente involucrados en el despojo, los asusta ahora que el muy moderado y comedido discurso de justicia que defienden el presidente y sus ministros vaya a soliviantar a la chusma. Quiero creer, por el bien del país, y por los litros de sangre que nos podemos ahorrar ahora, que esas gentes no puedan echar para atrás la actual decisión del Gobierno.

Una última reflexión. Yo esperaría que los valores y expectativas de las personas que queremos más justicia, más equidad y más desarrollo en este país no se limiten a la mezquina y primitiva consigna de embromar al Gobierno. Al actual hay que criticarlo duramente cuando impulsa cosas como los entuertos que persisten en la reforma a la justicia; pero allí donde adopta posiciones positivas con respecto de problemas estratégicos, haríamos bien en cogerle la caña, precisamente para evaluar, mejorar y transformar. La experiencia nos ha demostrado que los costos de oportunidad de las reformas abortadas o bloqueadas son prohibitivos.