Cuatro efectos negativos de la medida: separa aún más socialmente la educación pública de la privada, desfinancia la educación pública, desestimula la corresponsabilidad de los padres de familia y lesiona la autonomía escolar con una centralización presupuestal.

Primero. Si la educación pública es totalmente gratuita se dirigirá a los pobres, pues al extenderse a las clases medias y altas habría gasto regresivo. Se está renunciando al ideal de una educación pública de calidad a donde asistan niños de distintas condiciones socioeconómicas. No es posible generalizar los colegios públicos de buena calidad, con jornada única (y grado 12), sin el concurso financiero de las familias, que fue “prohibido” por el Ministerio de Educación. Así, se está profundizando la fragmentación social de la educación.

Segundo. Sin saber a cuánto asciende el aporte de dinero de las familias, el Ministerio lo está sustituyendo por $288.000 millones adicionales este año. Hablando con rectores de varias regiones, la diferencia puede estimarse —bajito— en $500.000 millones. Una desfinanciación que explica las numerosas denuncias de “trampas” a la gratuidad total. El ministerio cree que con $32.000 más por alumno al año puede tachar todo aporte (hasta “en especie”) de los padres. Que le pregunten al secretario de Educación de Pereira, por ejemplo. Contrario a lo que se necesita, la medida debilita financieramente a las instituciones educativas.

Tercero. En vez de empoderar a los padres (y madres) en el mejoramiento de la institución educativa, los vuelve simples beneficiarios (“exijan, denuncien”). Un poco más de imaginación habría puesto a las juntas de padres de familia a decidir sobre los $288.000 millones, incluyendo avances en gratuidad para las familias sin recursos. El efecto sería una conversación intensa e interesada de la comunidad de padres de familia con las directivas y profesores sobre lo que conviene al colegio y a los hijos, justo lo que hace falta. No esa cultura que privilegia la gratuidad del derecho (así sea deficientemente provisto) sobre la corresponsabilidad (que puede mejorar su realización). Por fortuna, se observa un movimiento de padres de familia dispuestos a aportar voluntariamente a sus colegios.

Cuarto. El Proyecto Educativo Institucional, PEI, ya no podrá contar con recursos propios (salvo los muy modestos de la cafetería y la fotocopiadora). Para muchos gastos, las instituciones quedan supeditadas a los giros de la nación y, si acaso, a algunos aportes de las entidades territoriales. Para el resto, no saben qué hacer. Un verdadero problema. Como los recursos impuestos desde el ministerio no alcanzarán, la autonomía del PEI ya no será lo que se necesita. Adiós a las innovaciones. Para aumentar el acceso y evitar la deserción de los más pobres, no había que decretar la gratuidad total. Si el Gobierno escuda este populismo en los intérpretes oficiales de la Constitución, pues hay que discutir con ellos, a menos que tengamos pereza o derrota.