En la movilización del sábado pasado el Gobierno brindó apoyo político, pero no se habló de la creación de un movimiento social estable.

Lo que sí está claro es que en Colombia ninguna iniciativa de organización campesina ha sido exitosa en conseguir sus fines o en perdurar en el largo plazo. Al final del gobierno Lleras Restrepo había cerca de 450 asociaciones municipales de usuarios campesinos con 845.000 miembros registrados, y sin embargo, pocos años después la ANUC había perdido fuerza y las posibilidades de conseguir los objetivos de impulsar una reforma agraria efectiva habían desaparecido.

El peso político del sector campesino colombiano ha tendido a ser bajo a pesar de que las regiones tienen una representación significativa en el Congreso, precisamente porque la falta de organización campesina ha permitido que los congresistas representen principalmente los intereses de los propietarios de la tierra, razón por la cual la realidad del campo colombiano continúa signada en el siglo XXI por el problema de la distribución de la tierra. Pero aún en esa realidad es difícil entender que el proceso de despojo y abandono forzado de millones de hectáreas que ocurrió en los últimos años no produjera ningún efecto político. Semejante catástrofe social habría tenido una expresión política decisiva en otros países. Quizás las políticas asistencialistas de subsidios directos consiguieron evitar una explosión social que desembocara en reacciones políticas contestatarias.

El principal reto de una organización de desplazados y víctimas de la violencia está en conseguir apoyo popular a su causa, porque hasta ahora éste ha provenido del Partido Liberal y del Gobierno, pero las mayorías ciudadanas parecen seguir en estado de negación frente a esa problemática. El título de una exposición y un libro realizados en 2009 por la Fundación Puntos de Encuentro resume el fenómeno de autismo social frente a unos de los episodios más crueles de nuestra historia: La guerra que no hemos visto. La pregunta es: ¿por qué seguimos sin verla? Las posibles explicaciones son la obsesión colectiva contra las Farc, que ha tendido a justificar todo lo que se hizo para combatirlas, desde el paramilitarismo hasta los falsos positivos; la tendencia a favorecer en la discusión pública los logros de la seguridad democrática sobre la versión cruda de lo sucedido; y la falta de una acción política colectiva que logre posicionar el tema en la agenda pública y en las prioridades electorales.

Las acciones políticas colectivas tienen oferta y demanda, y pueden surgir desde cualquiera de los dos lados. Desde los movimientos (oferta), o desde la demanda por cambio. Y ambos requieren de un instrumento —insatisfacción en el lado de la demanda y fuerza política efectiva en el de la oferta—, de identidad y de ideología. Pero la unión de oferta y demanda sólo se consigue con movilización. No hay duda que existe una demanda, hasta ahora silenciada por la intimidación, y que hay sectores con la intención de organizar un movimiento social. El Gobierno está aportando las primeras movilizaciones.