Es curioso pero, a pesar de la diversidad colombiana, hemos construido una sociedad excluyente. Probablemente la vieja idea del mestizaje, que ha hecho carrera a lo largo de nuestra historia, conspiró contra la idea de diversidad. Si la sociedad es mestiza y como tal se reconoce, termina asumiéndose a sí misma como una sociedad homogénea. Los que no caben en aquella supuesta uniformidad serían sectores más o menos marginales.

Eso ha ocurrido en Colombia durante los últimos ciento cincuenta años. La autonomía institucional que se ensayo a mediados del siglo xix fue producto de la diversidad social. Pero después la tesis del mestizaje borró casi toda muestra de pluralidad. Los territorios nacionales, los indígenas, los inmigrantes no pertenecían a esa gran sociedad uniforme construida en torno al mestizaje.

Los territorios nacionales debían tener a los departamentos como su norte, los indígenas debían reducirse a la vida civilizada, los inmigrantes es mejor que no vengan. Así se fue conformando una sociedad excluyente y desigual, cuya identidad terminó girando en torno a un mestizaje que, sin embargo, se sustentaba en la cultura europea. Esa fue la situación que remedió la constitución de 1991.

Ahora se busca el reconocimiento de la diversidad. No se puede discriminar por ninguna razón, sea ésta económica, étnica, de género. Los gobiernos deben contribuir a consolidar una clara conciencia de sociedad plural. Pero eso no quiere decir que si un gobernante es afrodescendiente deba privilegiar a los suyos sobre los demás, como tampoco podría hacerlo un gobernante homosexual, una mujer o un inmigrante.

Semejante postura no sería producto de la diversidad sino del abuso, y autoriza a que un gobernante blanco o indígena, heterosexual o xenofóbico privilegie los suyos, que es más o menos lo que ha ocurrido tradicionalmente. Pero esa postura reaccionaria no se puede metamorfosear de progresista utilizando el mismo criterio pero al revés, porque también conspira contra el derecho de los demás en las sociedades plurales.

Menos aún en medio de gobiernos de proximidad. De alguna manera la democracia local privilegia la sociedad sobre el estado. La sociedad con todos sus sectores y sus intereses, distintos, múltiples y aún contradictorios pero, en todo caso, legítimos. Prohibir la tauromaquia o autorizar una cátedra en los colegios con mirada positiva sobre la homosexualidad autoriza gestiones en contrario. Por lo mismo está bien que tales iniciativas se originen en sectores sociales, pero no en gobiernos locales.

Por supuesto, un alcalde también tiene el derecho de ventilar esos temas, pero entonces ha de promover el debate sin tomar decisiones previamente. Así se hizo en Bogotá con el primer tema pero, al parecer, no se está haciendo en Chapinero con el segundo. La carta política establece el principio de la participación para que los ciudadanos se pronuncien y, ojalá, voten. Es también la mejor forma de avanzar hacia la democracia participativa. Vale la pena esta reflexión, a propósito los últimos sonidos que se han originado en el seno de la administración distrital.

Ex senador, profesor universitario. atm@cidan.net