Es absurdo dudar que la revolución de las tics e internet declararan en obsolescencia muchas cosas, comenzando por las legislaciones en todas las áreas. Por eso no parece extraño que leyes como la llamada SOPA, referida a los derechos de autor, traten de hacer clic en el botón actualizar.

La humanidad ha dado un salto cualitativo de la mano de las nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones las cuales son democráticas, al poner al alcance de todos el conocimiento, y de muy bajo costo. Mientras los políticos a la antigua ofrecían progreso, como promesa, Ciencia y Tecnología lo han hecho realidad. La educación gratuita, y con una calidad que depende del uso que le demos, no es un discurso político: está en la red, en la televisión, en las posibilidades de comunicar y comunicarnos en Libertad.

Pues eso es lo que está en juego con la mencionada Ley que establece, entre otras cosas, el bloqueo de páginas que divulguen contenidos piratas, no quedando muy claro cuáles son, quienes son los titulares de los derechos de autor ni quien, o con cuales criterios, se procederá a su juzgamiento.
Para tener una idea de las irregularidades que se pueden cometer, amparadas por legislaciones como esta, sirve el caso colombiano en que luego de décadas de abusos el gobierno ha debido intervenir la semana anterior en Sayco suspendiendo su personería jurídica. Quien no les pagara “sus” derechos de autor podría ir a la cárcel, aun cuando no se conociera el destino de millonarios recursos que muchos autores no recibieron aquí o en otras partes del mundo.

Internet ha suspendido la intermediación, reduciendo los costos de los productos para el usuario, en muchos campos como el de la música o los libros, cambiando las formas de distribución, lo que se encuentra en el origen del controvertido proyecto de Ley que, hasta allí, parecería una guerra entre damnificados y beneficiarios de diferentes modelos de comercio. El problema se convierte en uno de principios cuando las formas y capacidades sancionatorias superan de lejos la de daño. El bloqueo de páginas es una forma contemporánea de censura que ejercen hoy regímenes dictatoriales; una ofensa a derechos superiores como los de expresarnos libremente, informarnos y educarnos.

Sin promover la piratería, ejercer censura con el pretexto de que se violan derechos de autor, es comparable con acabar la pobreza enviando a quienes la padecen a guerras en que mueren, con lo cual “desaparece” el problema. Está claro que el modelo de distribuir productos está, como muchas cosas, cambiando pero a nadie se le puede conceder la prerrogativa de ejercer tan grave capacidad de veto por cuenta de sus particulares intereses, siendo justamente allí que el asunto se vuelve uno de Estado.

De la misma manera que el presidente Obama se ha situado en esta disputa del lado del interés ciudadano, los gobiernos deben garantizar el ejercicio de los derechos democráticos en esta época en que las Libertades viajan por las redes. En el extremo, el acceso a internet y sus contenidos podrían ser subsidiados, siendo esta una manera elemental de redistribución.

La revolución de las tics ha sorprendido a los mismos profetas: Hace años Carlos Fuentes imaginó en “la silla del Águila” un apagón en internet que frente a estas realidades es francamente obsoleto, sin dejar de parecerse; el profesor Thurow, pronosticó guerras comerciales entre países, en ausencia del poder de los Soviets y el muro de Berlín, que alguna vez nos amenazaron con la hecatombe nuclear. La diferencia es que el último, alcanzó a pronosticar que mientras la democracia es incompatible con esclavitud, algunas formas de capitalismo no lo son. Los promotores de la Ley sopa quieren protegerlas, tanto como nosotros, con Mafalda, estamos en el derecho, y la obligación, de aborrecerlas.