El artículo no analiza la trascendencia del debate ni los procesos a los que dio lugar. Por mi parte, nunca denuncié la existencia de esa supuesta fosa, pero sí de una grave situación. Según la Fiscalía, en La Macarena y en al menos otros cinco cementerios de la zona (Villavicencio, Vista Hermosa, Granada y otros dos en San José del Guaviare) existen más de 2.000 cadáveres no identificados que han sido entregados a las autoridades forenses por la Fuerza Pública. Aunque no han querido ser mostrados públicamente los informes operacionales, el Ejército sostiene que se trata de miembros de grupos armados muertos en combate. Como se sabe, en esos lugares se ha aplicado el Plan Colombia y han tenido lugar cruentos enfrentamientos entre las fuerzas militares y la guerrilla. También se ha registrado la actuación de estructuras paramilitares. La población civil ha sufrido los estragos de esos enfrentamientos.

He venido formulando numerosos requerimientos a la Fiscalía para que investigue, practique inspecciones en los cementerios, y rastree todos los datos con el fin de identificar a las personas que figuran en tales sitios como NN. Luego de las primeras visitas e indagaciones se encontró, por ejemplo, que en el cementerio La Resurrección de Granada existía una tumba múltiple sin ninguna identificación externa con 42 cadáveres, y varias bóvedas con otros 24. Esos cuerpos no identificados eran personas que murieron en la retoma del municipio de Puerto Lleras, que en julio de 1999 fue blanco de un ataque guerrillero. En diciembre de 2010, en cumplimiento de un requerimiento que hice se procedió a la exhumación de esos cuerpos entre los cuales había varios menores de edad.

¿Los muertos de Puerto Lleras, enterrados en Granada, eran todos guerrilleros que cayeron en los combates? ¿Hubo civiles que perecieron en medio del fuego cruzado?

Esos cementerios contienen historias del conflicto armado que quieren ser silenciadas. En muchos de los casos, las fuerzas militares no respetaron los protocolos que rigen para el levantamiento de los cadáveres. En muchos otros, existen fundamentos para presumir que los inhumados fueron víctimas de ejecuciones o desapariciones forzadas.

No obstante, el resultado más relevante de este debate fue que contribuyó a incentivar la acción de las autoridades para esclarecer la realidad de las personas no identificadas y desaparecidas que han sido sepultadas en muchos cementerios del país. Luego de las sesiones parlamentarias de control político sobre La Macarena, por iniciativa del Ministerio del Interior se suscribió un convenio con el Instituto de Medicina Legal y la Registraduría, a través del cual se cotejaron las tarjetas necrodactilares de personas NN en Colombia con el Archivo Nacional de Identificación Dactilar. El resultado del convenio fue la identificación de 5.582 personas, de las cuales cerca de 440 se encuentran dentro del Registro Nacional de Desaparecidos. Para avanzar en el proceso de identificación y localización que de los cuerpos sepultados, el Instituto de Medicina Legal -en cabeza de su director, Carlos Eduardo Valdés- lidera una plataforma conformada por diversos organismos del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

A pesar de estos avances, tanto el Gobierno como los comandantes de la Fuerza Pública insisten ahora en crear normas que afiancen la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, como las iniciativas que implicarían la ampliación del fuero penal militar. Tales medidas obstaculizarían, entre otras cosas, esclarecer los numerosos casos de ejecuciones o desapariciones de personas cuyos cuerpos se encuentren en los cementerios como NN. En los próximos días adelantaré un debate en el Congreso sobre nuevos hechos relacionados con la cadena criminal de los mal llamados “falsos positivos” y presentaré mis argumentos contrarios a cualquier ampliación del fuero penal militar.